El Gobierno ha aprobado un nuevo proyecto de ley contra la corrupción que introduce cambios importantes en la forma de investigar y sancionar los delitos relacionados con el uso indebido de fondos públicos, la financiación irregular y las prácticas corruptas en empresas y administraciones.
La norma plantea ampliar los plazos para perseguir determinados delitos de corrupción, aumentar las obligaciones de transparencia de los partidos políticos y endurecer las consecuencias para las compañías que participen en prácticas fraudulentas.
El texto inicia ahora su recorrido parlamentario, aunque su futuro es incierto debido a la falta de apoyos políticos y al calendario electoral previsto.
Los delitos de corrupción tendrán más tiempo para ser investigados
Uno de los principales cambios de la nueva ley contra la corrupción afecta a los plazos de prescripción. El proyecto propone ampliar de cinco a siete años el periodo para perseguir algunos delitos relacionados con la corrupción.
Entre ellos se incluyen casos de blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos, corrupción empresarial, delitos contra la Hacienda Pública, manipulación de concursos públicos o determinadas irregularidades urbanísticas.
Con esta modificación, las autoridades dispondrán de más margen para investigar operaciones complejas que requieren años de análisis y recopilación de pruebas.
Los partidos deberán informar de más donaciones
La futura normativa también aumenta las exigencias de transparencia sobre la financiación de las formaciones políticas.
Los partidos tendrán que comunicar las donaciones recibidas a partir de 2.500 euros, una cifra considerablemente inferior al límite actual. Además, la regulación incorpora nuevas formas de financiación, como los microcréditos o los activos digitales.
La ley también limita determinadas fórmulas de apoyo económico indirecto, como la publicidad gratuita en plataformas digitales y redes sociales.
Más sanciones para las empresas corruptas
Las compañías condenadas por participar en actividades corruptas tendrán mayores restricciones para trabajar con la Administración.
El proyecto amplía hasta 20 años el periodo durante el cual una empresa sancionada podrá quedar apartada de contratos públicos, ayudas, subvenciones y determinados beneficios fiscales.
Además, la norma prevé incrementar las multas económicas para las compañías responsables de prácticas fraudulentas.
Más control sobre los cambios de propiedad de las empresas
Otro de los puntos destacados de la reforma afecta al registro de participaciones empresariales.
La nueva regulación permitirá diferentes formas de documentar los cambios en la titularidad de participaciones, pero establece que estos movimientos deberán quedar inscritos en el Registro Mercantil para que tengan efectos legales frente a la empresa y terceros.
El objetivo es mejorar la trazabilidad de la propiedad empresarial y evitar operaciones opacas.
Una nueva autoridad para combatir la corrupción
El proyecto contempla la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública, un organismo encargado de coordinar las políticas de prevención y lucha contra la corrupción.
Esta nueva institución asumirá funciones relacionadas con la gestión de denuncias, la elaboración de mapas de riesgo y la coordinación de medidas antifraude.
Su presidente será elegido mediante un proceso público y deberá contar con el respaldo del Congreso para garantizar su independencia.
Recuperar el dinero público, una de las prioridades
La norma también pone el foco en la recuperación de los fondos públicos desviados.
El proyecto plantea que determinadas ventajas penitenciarias puedan estar vinculadas a la devolución del dinero obtenido mediante actividades corruptas.
El objetivo es que las investigaciones no solo terminen con sanciones, sino que permitan recuperar los recursos económicos afectados.
Una ley con un camino parlamentario complicado
Aunque el Gobierno presenta la reforma como un nuevo marco integral para combatir la corrupción, su aprobación no está garantizada.
El proyecto modifica numerosas normas y deberá superar la tramitación en el Congreso y el Senado. La falta de acuerdos políticos podría retrasar su aprobación durante meses.
Con el horizonte electoral previsto para 2027, existe la posibilidad de que la ley contra la corrupción no llegue a completarse si finalmente no consigue los apoyos necesarios durante la legislatura.
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