El Supremo aclarará el 5 de noviembre si los bancos pagarán el impuesto de las hipotecas

El Supremo comunicó el pasado lunes que el próximo 5 de noviembre se celebrará el pleno para aclarar la situación sobre la contratación de hipotecas. Y es que, si el Contencioso-Administrativo dictaba la semana pasada en una sentencia que sería el propio banco y no el cliente quien se encargara de pagar el impuesto, los jueces indicaban que la doctrina debe aclarar cómo resolver definitivamente estos casos. En los últimos días esta situación ha generado incertidumbre entre la banca y los clientes que tendrán que esperar a que se produzca el fallo del Tribunal.

Al respecto, si la sentencia saliera adelante, se modificaría su jurisprudencia anterior concluyendo que será la entidad prestataria quien deberá hacerse cargo del pago del impuesto (ITPAJD, Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados).

Este cambio supone un vuelco a la situación que se venía sucediendo desde la sentencia del Tribunal Supremo español relativa a las cláusulas suelo, y la confirmación del Tribunal de justicia de la unión europea sobre la abusividad de dichas clausulas, ya que los bancos habían visto como un creciente número de hipotecados comenzaba a reclamar, no solo la devolución de lo indebidamente cobrado por las cláusulas suelo de sus préstamos hipotecarios, sino todos aquellos gastos aparejados al mismo, sospechosos de abusivos.

 

En 2015, El Tribunal Supremo sentenció declarando abusivo el hecho de que la totalidad de los gastos hipotecarios fueran a cargo del hipotecado. Esto generó en una serie de disputas judiciales en las que se intentaba dirimir que parte de los gastos de formalización de una hipoteca debía pagar el banco y que parte debía pagar el hipotecado. Esta sentencia derivó en una reclamación colectiva contra dos entidades financieras que tenían como práctica habitual introducir cláusulas de este tipo en sus préstamos hipotecarios.

Posteriormente el Alto Tribunal fallaba en contra de dichas entidades, señalando que la cláusula firmada por los clientes en la que establecía que los gastos hipotecarios recaen sobre el prestatario, era abusiva. Esta decisión supuso a su vez, que miles de afectados reclamaran a todos los bancos para conseguir la devolución de todos los gastos aparejados a la hipoteca por parte de los clientes.

 

A principios del presente año, la sala Primera del Supremo había señalado que el pago por la constitución del préstamo es responsabilidad directa del titular de la hipoteca. Esto se traducía en que el ITPAJD se debía repercutir directamente a aquella persona a la que se le concede el préstamo.

 

Ahora, el Alto Tribunal confirma que: “el sujeto pasivo en el impuesto sobre actos jurídicos documentos cuando el documento sujeto es una escritura pública de préstamo con garantía hipotecaria es el acreedor hipotecario, no el prestatario.”, lo que quiere decir que será la entidad prestataria quien deberá hacerse cargo del pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados, anulando así el artículo 68.2 del reglamento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que establecía que el sujeto pasivo era el prestatario.

 

Esta afirmación viene a avalar la tesis que defienden juristas y expertos en el tema que señalan que la única parte interesada en la elevación a público de la escritura y su posterior inscripción, es la propia entidad, puesto que la utilizaría como base para la  ejecución de la hipoteca en caso de impago.

 

El fallo ha contado con el voto particular del magistrado Nicolás Maurandi, que entiende que la aplicación del impuesto implica en realidad dos: el gravamen sobre documentos notariales y el gravamen sobre actos jurídicos documentados notarialmente, por lo que deberían ser estudiados de forma independiente.

 

La sentencia que ha salido adelante con el voto del resto de los magistrados de la Sala, en lo que supone un nuevo varapalo a la banca, ha levantado un gran revuelo social que ha provocado, dos días después de hacerse pública, una decisión insólita por parte del Alto Tribunal.

El presidente de la Sala tercera informó por medio de una nota, que  la Sentencia quiedará en suspenso mientras  se analizan las consecuencias de la misma, por lo que todos los recursos de casación que puedan verse afectados por dicha Sentencia, quedarán igualmente en suspenso a la espera de que sean resueltos por el pleno de la Sala para fijar así, un criterio definitivo en la materia.